Consorcio participativo

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La justicia de la Ciudad decidió la apertura de la instancia de amparo colectivo y ordenó la producción de medidas de publicidad.

Una vez más la CAPHyAI lidera la lucha judicial para intentar poner claridad frente a una norma contradictoria que afecta a todos los que viven en propiedad horizontal.

Con motivo de la acción de amparo colectivo presentada por nuestra entidad el día 17/08/2018 contra la Ley GCBA 5983, conocida genéricamente como “Consorcio Participativo”, el Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro. 23, Dr. Francisco Javier Ferrer, con fecha 05/09/2018 decidió abrir la instancia de amparo colectivo y ordenó la producción de medidas de publicidad de las actuaciones por el plazo de 15 días hábiles para que cualquier entidad, consorcio, administrador o vecino que se considere afectado por esta ley pueda tomar la intervención que crea conveniente.

Desde la CAPHAI celebramos la apertura de la instancia ya que es el marco adecuado para que los distintos actores de la propiedad horizontal puedan hacer valer sus derechos frente a la reciente ley dictada por la Legislatura de la Ciudad.

A nuestro entender es contradictorio que la aplicación Consorcio Participativo, sea voluntaria para los propietarios y obligatorio para los administradores de consorcios. Por ello,  entendemos que están dados todos los elementos necesarios para disponer la suspensión cautelar de la Ley y es por tal motivo, que en los próximos días apelaremos parcialmente la decisión referida, para que sea la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires la que defina este importante aspecto.

La ambigüedad propia de la ley respecto de la obligatoriedad o no del sistema, generará a futuro consecuencias perniciosas para los administradores que nos veremos en la disyuntiva entre cumplir una ley arbitraria o quedar a merced de las enormes sanciones pecuniarias que impone habitualmente el Registro de Administradores en caso de cumplir con el mandato de los consorcios de no utilizar el sistema que se quiere implementar.

Entendemos que la dicotomía que planteamos demuestra claramente la ilegitimidad de la Ley, y es por ello que continuaremos con el camino judicial ya comenzado.

Fuente: CAPHAI

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