Consorcio participativo

Distintas voces dan su visión sobre el el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de la Ciudad.

Consorcio participativo

En los últimos meses nuestra Cámara fue sede de una serie de reuniones en las que se analizó el proyecto presentado por el ejecutivo porteño sobre Consorcio Participativo.

De los encuentros participaron asociaciones de administradores, de empresas informáticas y financieras de recaudación y crédito, quienes definieron una comisión de enlace que trabajará para incluir asociaciones de consorcistas, de modo que se pueda conformar un marco de diálogo directo con el Poder Ejecutivo y Legislativo, con el objetivo de aportar la experiencia de su trabajo a la hora de regular la vida consorcial.

Según informó la mesa de diálogo, la comisión de enlace creada tendrá como objetivo canalizar las propuestas de cada sector de los que intervienen en la vida consorcial, a fin de formar consensos que sean útiles para esos “invitados de piedra” que son los consorcistas y que solventan con sus expensas los gastos que demanda el consorcio.

Para los integrantes de la reunión multilateral el principal punto que tiene que ser zanjado en el proyecto Consorcio Participativo “es que el Derecho Real de Propiedad Horizontal pertenece a la clase de derechos en donde prevalece la autonomía de la voluntad de las partes, y donde debe velarse por la privacidad e intimidad de los individuos que la componen“, y agregaron: “El problema principal que presenta el proyecto de ley no es la digitalización de los datos por sí sola sino que la información sea administrada en una plataforma en manos del Estado.

También aclararon que “no se trata de una plataforma estatal destinada a simplificar la digitalización y envío de los datos que exige la ley (como se promocionaba en un principio), sino que es una plataforma de uso obligatorio para los administradores que abarca integralmente la gestión contable, administrativa y de comunicación de cada consorcio, siendo un sistema altamente invasivo de la privacidad de los consorcistas.

Daniel Tocco, Presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, señaló que “más allá de ir contra el proyecto, la idea es tratar de construir algo que sea positivo para los vecinos de la ciudad. Y como la iniciativa actual adolece de algunos problema hay que solucionar esos inconvenientes antes de que sea demasiado tarde; y eso es lo que nos proponemosporque necesitamos de la participación de todos, fundamentalmente de los propietarios”.

El Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor de la CAPHyAI, sostuvo por su parte que “la idea es tener la oportunidad de trabajar en el proyecto para que en caso de que se apruebe sea lo menos traumático posible para todos, porque la mayoría de quienes forman parte del sector, tanto administradores como consorcistas, ninguno está conforme con el proyecto así como se lo presentó en la Legislatura”.

De los encuentros mantenidos entre las distintas entidades, quedó en claro que la CAPHyAI no está en contra de digitalizar la información, siempre y cuando eso sirva para aumentar la transparencia y resulte útil a quienes viven en propiedad horizontal. “De lo que sí estamos en contra es de cualquier proyecto compulsivo que no deje margen a la autonomía de la voluntad de las partes en un consorcio. En tal sentido, el gran problema que tiene el proyecto Consorcio Participativo es que se trata de una plataforma monopólica donde el administrador es el Estado;un Estado invasivo, avasallador de derechos”, sostuvo Martín Irigoyen.

Respecto de la gratuidad del sistema, Daniel Tocco comentó que “es una verdad a media, porque si bien es cierto que no tiene costo para el consorcio, alguien lo va a pagar, y ese alguien son todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires a través de sus impuestos, vivan o no vivan en propiedad horizontal. Y no es justo que sea así porque los consorcios son privados y deben tener total libertad para manejarse como mejor les convenga, y no que sea el Estado invasivo el que les diga qué tienen que hacer con su administración”.

Al cierre de esta edición, en el encuentro de la mesa de enlace realizado el 20 de febrero, en forma unánime se coincidió en considerar que el proyecto es inviable técnica y jurídicamente en la medida en que su utilización sea compulsiva para los administradores. Que ello implicaría otorgarle carácter obligatorio para los consorcios, lo que excede el alcance legislativo local.

En tal sentido, también se señaló la alternativa de un trabajo sistemático con miras a que los actores involucrados puedan hacer su aporte a medidas de gobierno, mejorando sus resultados.

 

Fuente: CAPHAI