Planes sociales

Los nuevos programas exigirán cursar la primaria, secundaria, e incluso, continuar estudios superiores.

Planes sociales

El Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales. Ahora los beneficiarios deberán terminar la primaria y el secundario o realizar talleres de capacitación como contraprestación.

Así lo confirmó la propia ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley esta mañana en Radio Mitre.

"Educación y trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de la situación de pobreza y detectamos que más del 60% no había terminado el colegio secundario, por eso queremos ayudarlos en este proceso, debido a que cualquier empleo pide que una persona haya terminado la secundaria", contó la funcionaria de Cambiemos.

La funcionaria explicó que desde su cartera vienen trabajando con una "actualización de datos de la gente que cobra planes sociales".

"La idea es que quienes no terminaron el secundario, puedan terminar y que elijan en qué se quieren capacitar, formar; o muchos que fueron formados puedan trabajar de eso en un contexto donde los acompañemos en trabajar en conexiones de aguas en las casas, en los barrios que no tienen agua y cloacas, trabajar en las veredas, todo lo que hace a la integración urbana", concluyó.

Según el diario Clarín, el plan de la gestión de Mauricio Macri contemplará la eliminación de los programas "Argentina Trabaja" y "Ellas Hacen" y la creación de uno nuevo, "Hacemos Futuro", que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.

Es que el programa tiene dos ejes programáticos. El primero comprende la "Educación Formal Obligatoria", por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.

Luego, los beneficiarios podrán profundizar su "Formación Integral" y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.

Así, la gente podrá optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación.

De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público -un punto reclamado por Macri- como obras de infraestructura.

La intención inicial del Gobierno fue ampliar la cantidad de entes ejecutores, donde los 261.000 beneficiarios de planes que cobran los $4.430 por mes que les paga el Estado realizan alguna actividad a cambio.

Sólo basta con repasar estimaciones oficiales para entender el impacto sobre los movimientos: alrededor de 60.000 beneficiarios de planes pertenecen a organizaciones sociales, como CTEP, CCC y Barrios de Pie. Pero el Gobierno no se quedará ahí.

Sucede que, además, cada uno de los 50 entes de las organizaciones reciben $12.000 al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores.

Es decir, en forma global se trata de unos $720 millones. Con este giro, dejarán de recibirlos. Habrá que ver cómo reaccionan.

Con todo, esta medida, que se anunciará en las próximas horas, también golpeará a municipios: no sólo en lo económico, dado que muchos se constituyeron como entes y perciben $18.000 al año por cada beneficiario, sino porque hay intendentes que utilizan el personal para tareas de mantenimiento.

Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.

Fuente: IProfesional