Veredas rotas en la Ciudad

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar la normativa relacionada con permisos, mantenimiento y control.

Veredas rotas en la Ciudad

Este viernes en Reunión Conjunta de Diputados de las Comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, de Obras y Servicios Públicos y de Justicia tuvieron dictamen favorable dos proyectos para modificar la normativa de veredas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura porteña estos dos proyectos, junto a un tercero que está en tratamiento. Uno busca modificar el régimen vigente de permisos para hacer arreglos de veredas (Ley N° 2.634). Se busca así “brindar mayor eficacia y eficiencia al régimen de aperturas en la vía pública de la Ciudad” (Expediente 2954-J-2017). El otro, actualiza el régimen jurídico que regula la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas (Expediente 2955-J-2017).

El proyecto de ley 2954-J-2017 contextualiza sobre la situación de las veredas porteñas: “Las obras de apertura en la vía pública en el ámbito de la Ciudad entorpecen tanto el tránsito vehicular como peatonal. Sumado a ello, el profuso número de incumplimientos al régimen de aperturas vigente ha dado origen a un sinfin de reclamos ante la Administración Pública”.

La propuesta oficial tiene 19 artículos y siete títulos. El artículo noveno explica: “Como condición para poder obtener el permiso de apertura y/o rotura en la vía pública, el solicitante deberá constituir una garantía o seguro a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los modos, por los montos y en las condiciones que se establezcan por vía reglamentaria”.

Desde el Poder Ejecutivo explican sus alcances: “La obligatoriedad de garantizar los trabajos genéricamente, permitiendo a la Administración, por la vía reglamentaria, prever nuevos mecanismos o instrumentos que sean de fácil implementación para los solicitantes y que permitan perseguir con mayor eficacia el cobro de los gastos en los que pudiera incurrir la Administración ante el incumplimiento de la obligación de cierre o cuando aquel resultase defectuoso”.

“Asimismo, la norma propuesta tiene como objetivo generar mayor coordinación entre las diferentes entidades involucradas, tanto públicas como privadas, para que no se realicen aperturas innecesarias en la misma locación en ocasiones sucesivas y reiteradas. Por otro parte, se propone implementar una nueva categoría de permisos que posibilitará abarcar situaciones que en la actualidad son reportadas como emergencia por parte de las empresas de servicios públicos cuando técnicamente no lo son”, se agrega.

“En otro orden de ideas, dado que es una responsabilidad ineludible del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigilar el perfecto estado de conservación y transitabilidad de las calzadas y veredas afectadas por las obras señaladas, se establece la facultad de crear un régimen de evaluación que contemple los incumplimientos que se originen en razón de la realización de obras de aperturas y/o roturas en la vía pública por parte de los contratistas a quienes se les encomiende su ejecución con el fin de desalentar este tipo de conductas”, exponen fuentes porteñas.

“En aras de ello también se crea el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP), de modo que los sujetos no comprendidos en éste —sea por no haber cumplimentado los requisitos para su inclusión o por haber sido excluidos en virtual de algún incumplimiento— no se encontrarán habilitados para solicitar el mentado permiso de aperturas en el espacio público. De igual manera y a los fines de avanzar acorde con un criterio de unicidad y coordinación entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestatarias de servicios públicos u caros sujetos que soliciten permisos, se instaura la obligatoriedad de estas últimas de presentar Sus planes de obra ante la Administración”, concluye el Gobierno porteño.

En tanto, el Expediente 2955-J-2017 tiene “por finalidad regular la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades de los peatones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los considerandos de esta iniciativa afirman: “De la simple observación del estado de las veredas de la ciudad se infiere categóricamente que el régimen vigente —que data de casi cuarenta años y sucesivas modificaciones— ha fracasado en generar los incentivos e incorporar los elementos necesarios para alcanzar su propósito. Actualmente, más del cincuenta por ciento (50%) de los frentes se encuentra dañado, lo cual apareja un alto nivel de insatisfacción por parte de los habitantes de la ciudad que se ve reflejada en la numerosa cantidad de reclamos que se remiten mensualmente a la Administración. Cabe destacar que de ese porcentaje, casi la mitad se corresponde cola deterioros por el uso o transcurso del tiempo cuya reparación y/o reconstrucción corresponde al propietario frentista”.

“El origen de la problemática radica en que, por una parte, el setenta y cinco por ciento (75%) de la ciudadanía desconoce su responsabilidad de mantenimiento y reparación de la vereda y, por otro, estriba en la falta de capacidad del frentista para asumir los costos que derivan de su obligación. Por ello, sin perjuicio de la necesidad de establecer vías más efectivas de comunicación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es indispensable prever nuevos mecanismos de financiación para la ejecución de este tipo de obras. Es imperativo que la totalidad de las veredas estén en buen estado, principalmente por razones de funcionalidad y en pos de la seguridad de la población en general y de aquellos con movilidad reducida en especial, además de por razones de la propia estética de la ciudad”, se agrega.

“Se evaluó la necesidad de propiciar un nuevo régimen que se auspicia, entre cuyas características principales se destacan las siguientes: En primer lugar y primordialmente, se dispone la obligación primaria del propietario frentista en cuanto a la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas, excepto para los casos de aperturas y/o roturas realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos, para las intervenciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las roturas ocasionadas por raíces de árboles y para todo lo relativo a la construcción de vados y rampas para personas con movilidad reducida. Por otra parte, se dispone la identidad de los términos vereda y acera, así como se otorga una nueva definición que se adapte a las regulaciones técnicas en materia de edificación y urbanismo que rigen en la actualidad. Asimismo se pretende crear un Registro especial en el que podrán inscribirse aquellos sujetos interesados en ser contratados para ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción quienes deberán acreditar una serie de requisitos que establezca la Administración por vía reglamentaria con el objeto de garantizar la capacidad técnica, la calidad del trabajo y el cumplimiento de la normativa vigente por parte de estos sujetos, lo que redundará en una mejora en las obras realizadas para quienes contraten sus servicios y, consecuentemente, en una mejora en la calidad de vida de los peatones que circulen por las veredas de la ciudad”, propone el Poder Ejecutivo local.

“A esto se suma un segundo mecanismo de control que instaura la obligación en cabeza del propietario frentista de dar aviso a la Administración de la obra que fuera a realizar para lo cual deberá informar, entre otras cuestiones, el plazo estimado de la obra, la ubicación y la superficie y volumetría afectada. Por su parte, se establece de manera más diáfana la mecánica administrativa a través de la cual se canaliza la ejecución de las obras que, siendo en principio responsabilidad del frentista, ejecuta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: se dispone la fiscalización por parte de la Administración, un procedimiento de liquidación de la deuda y el deber de imponer la sanción pertinente establecida en el Régimen de Faltas (todo ello sujeto a los pormenores que se establezcan por la vía reglamentaria)”, suma el proyecto.

“Además, se propone que la Administración establezca un sistema de facilidades financieras para que los responsables puedan ejecutar estas obras, lo cual resulta atendible en función de que las mismas insumen importantes erogaciones. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a crear un programa a través del cual se incentive y promueva la reparación y el mantenimiento de las veredas, concientizando sobre la importancia de su correcto estado para una mejor calidad de vida de los ciudadanos, enfocado principalmente a lograr el cumplimiento de la nueva normativa por grandes comercios y establecimientos en general. Por último, cabe señalar que para generar consecuencias jurídicas en relación con las obligaciones dispuestas en el proyecto que se auspicia se proponen una serie de modificaciones e incorporaciones al Régimen de Faltas. Entre ellas, se crearon las faltas por ejecución de las obras en contravención con la normativa vigente y por falta de aviso; se incorporó la responsabilidad del guardián del inmueble y del administrador del consorcio de propietarios cuando no cumplieren en notificar a los propietarios frentistas de la intimación cursada por el GCBA y se adaptó el monto de las multas al principio de razonabilidad, de modo tal que se eleven a sumas asequibles para los diferentes sujetos afectados”, concluye la modificación sugerida que tuvo dictamen este viernes.

Fuente: Pura Ciudad