Política migratoria

Por decreto, fue modificada la Ley 25871.

Política migratoria

El presidente Mauricio Macri finalmente publicó este lunes el decreto 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones e impone controles más estrictos con el objetivo de impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros con antecedentes penales.

La norma comienza señalando que la potestad del Estado "de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" se ve actualmente dificultada "por la duración de los procesos administrativos y judiciales" que podía "llegar a los siete años de tramitación" para expulsar a alguien del país.

Por otro lado, explica que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total".

Actualmente, los extranjeros representan apenas el 4,5% de la población de Argentina. Pero, al analizar exclusivamente la cantidad total de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de extranjeros sube "al 33%".

Ante esta realidad que considera "crítica", el Gobierno instrumentó la creación de un "Procedimiento migratorio especial sumarísimo" que permitirá negar el ingreso y expulsar delincuentes con mayor agilidad.

En el artículo 29 de la nueva norma se establece que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes -tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".

Tampoco podrán ingresar al país quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.

Además, las mismas causas podrán ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".

Es por eso que la Justicia ahora deberá notificar a Migraciones sobre "todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido".

La expulsión del país por cometer o participar en un delito "doloso" también implica una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente, según el caso.

Macri y Trump: "Totalmente opuestos"

Para algunos referentes de la oposición, el decreto de Macri se asimila a la políticas anti-inmigratorias del estadounidense Donald Trump, quien quiere construir un muro en la frontera de EE.UU. y México, pero según vicepresidenta Gabriela Michetti "Cambiemos tiene una idea totalmente opuesta".

"Hay que distinguir bien las medidas que tienen que ver con la seguridad, y otra con que Argentina es un país abierto, que siempre va a estar a favor de la diversidad", aseguró la dirigente del PRO.

Y señaló que cuando el país "comience un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido" va a necesitar que también se incremente la población, para lo cual no desechó la mano de obra extranjera.

En diálogo con radio La Red, aseguró que "la política de Trump pretende ser proteccionista para todos los países no sólo para América latina", ya que "se ha manifestado en contra de los procesos de integración que llevaba adelante Estados Unidos, como el Tratado del Pacífico, incluso con Europa misma".

Días atrás, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó un nuevo sistema que endurece los controles migratorios en los aeropuertos, por el cual se le exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información previa sobre todo pasajero que entre o salga de la Argentina.

Dto 70/17

Fuente: IProfesional