Derecho de acceso a la información pública

Se sancionó la ley de acceso a la información pública. Garantiza el derecho a la información y la transparencia de la gestión pública.

Derecho de acceso a la información pública

En pos de la transparencia, esta Ley busca asegurar el acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos; entendiéndose por Información Pública a todo dato contenido en documentos de cualquier formato, que generen, obtengan, controlen o custodien los sujetos obligados que se encuentren alcanzados por la presente.

Toda persona humana o jurídica, sea pública o privada tiene derecho a solicitar y recibir información pública, siendo los sujetos obligados a brindarla:

  • La administración pública nacional.
  • El Poder Legislativo y órganos que funcionan en su ámbito.
  • El Poder Judicial de la Nación.
  • Ministerio Público de Defensa
  • El Consejo de la Magistratura.
  • Empresas y sociedades de Estado con participación estatal mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
  • Empresas y sociedades en las cuales el Estado Nacional tenga una participación minoritaria.
  • Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos de uso del dominio público y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual.
  • Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos.
  • Instituciones o fondos cuya administración esté a cargo el Estado Nacional.
  • Personas Jurídicas públicas no estatales que se encuentren reguladas por el derecho público y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos.
  • Fideicomisos que se constituyen total o parcialmente con recursos o bienes de Estado Nacional.
  • Entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios.
  • El Banco Central de la República Argentina.
  • Entes interjurisdiccionales en los que el Estado Nacional tenga participación o representación.
  • Los concesionarios, explotadores; administradores y operadores de juegos de azar.

Fuente: AFIP