Rampas y accesos para discapacitados

Por: Martin Carmona Brescó

Algunas precisiones sobre rampas y accesos para discapacitados en edificios. Reformas en la ley. Respuesta a requerimiento de interesados.

Rampas y accesos para discapacitados

Son variadas y cada vez más frecuentes las consultas sobre cuál es la obligación que le compete al consorcio acerca de la construcción en los edificios de rampas de acceso para discapacitados y la adecuación de las instalaciones en función a las necesidades de estos últimos.

Porque se genera ante el requerimiento de un consorcista discapacitado, un conflicto entre la solución a las dificultades que se presentan para esta persona de llevar una vida adecuada y un andar fluido y que se adapte a él, con el hecho de la importante erogación que implica para los demás copropietarios, una construcción de este tipo (cuando muchos de ellos no están dispuestos a realizar estos gastos extraordinarios).

Se entiende que por razones de solidaridad, se va a requerir la colaboración de todos, pero muchas veces por estos motivos (y otros que nos podemos encontrar, que pueden ser de muy variada índole) y por la arquitectura de viejos edificios, plantea la seria duda, que ha llegado a resolverse incluso en la justicia.

Pero veamos un poco en profundidad.

La ley 22.431 y sus modificatorias, establecen como prioridad que las estructuras arquitectónicas en general (entre los que se encuentra la vivienda colectiva) deberán priorizar los accesos a personas discapacitadas. Su modificatoria, la ley 24.314 y su reglamentación (decreto 914/97), han borrado cualquier duda respecto a su aplicación, dejando sin efecto cualquier convención en contrario, teniendo como finalidad suprimir las barreras físicas en los ámbitos, urbanos, arquitectónicos y del transporte a los efectos de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

Esta normativa entonces, alcanza a las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de esa ley (15/3/94), en las que impone se desarrollarán las condiciones de adaptabilidad y practicabilidad  en los grados que establece la reglamentación.

De la misma manera, convenciones internacionales en la que Argentina es parte (una de ellas especifica en el tema, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que rigen plenamente en el país) lo comprometen a garantizar el acceso en igualdad de condiciones a su entorno físico, transporte, entre otros, y asimismo existen casos en los que se ha ordenado, en instancia judicial, a construir una rampa de acceso dentro de un plazo determinado.

También ha habido un fallo reciente en la ciudad de Córdoba en el cual se ordenó indemnizar a una persona discapacitada por daño moral, atento a que incumplió con lo solicitado por ella: la construcción de una rampa de acceso.

Si bien aún no hay más que ordenanzas y leyes específicas, no es expresa la reforma del código civil en cuanto a su obligatoriedad, cuando solo se enumeran las rampas de acceso y las instalaciones adaptadas para personas con discapacidad entre las posibles partes comunes.

Espero que este artículo sirva para reflexionar y a tratar en asamblea, ante un requerimiento de este tipo, advirtiendo a los copropietarios reticentes a hacer lugar a este tipo de construcciones, sobre las posibles consecuencias.

Fuente: Martin Carmona Brescó