AIPH trabaja para atacar judicialmente Ley 5464

De la indignación y el asombro a la acción

AIPH trabaja para atacar judicialmente Ley 5464

Durante los últimos dos meses distintos sectores relacionados con la propiedad horizontal vienen derramando tinta y lágrimas espantados por la flamante Ley 5464 CABA.

No venimos teniendo ningún eco trascendental ni en los poderes públicos ni en la opinión pública en general.

Es natural que suceda. La peor degradación institucional suele producirse disimulada en normas que bajo un manto de buenas intenciones atacan subrepticiamente preceptos constitucionales afianzados sin que muchos lo perciban.

Y como viene pasando con todo lo reglamentado desde 2009 en adelante en propiedad horizontal, el público en general no alcanza a entender que los nuevos problemas son consecuencia de dichas reglamentaciones y no de la falta de profundidad de las mismas.

En AIPH estamos trabajando para atacar judicialmente la norma

Confiamos en que las otras instituciones, especialmente las que tienen prerrogativas paritarias, actúen también judicialmente respetando el sentir de sus socios y su postura no consista, únicamente, en un lamento genérico “para cumplir”.

Nuestro equipo jurídico encabezado por el Dr. Nino, especialista en derecho constitucional y acciones colectivas, está trabajando en distintas acciones que siguen las siguientes líneas:

- Violación del derecho de propiedad de los consorcistas (art. 14 de la CN) al poner en manos de terceros (sobre todo de sus empleados) facultades que pueden limitar o restringir el derecho de los propietarios.

- Violación del derecho a ejercer industria lícita de los administradores de consorcio (art. 14 CN) porque, a la vez que terceriza facultades eminentemente estatales, pone la actividad en manos de personas que no tienen ningún tipo de vinculación o autoridad sobre sus tareas (encargados de edificios, empleados de administradoras de consorcio).

- Evidente arbitrariedad, al otorgar poder de regulación de una actividad a los empleados de esa actividad y a las personas a quienes los que ejercen esa actividad deben controlar (los administradores de consorcio deben controlar a los encargados). Ello no tiene ningún tipo de razonabilidad.

- Falta de razonabilidad en la selección de las organizaciones que representan a los administradores. Elegir a las que tienen representación paritaria sin un mínimo análisis de su verdadera representatividad solamente hace presumir un intento de extensión de la manipulación del nuevo Consejo con los mismos métodos actualmente utilizados en paritarias.

- Violación del derecho a la igualdad (art. 16 CN). El resto de las actividades profesionales está autorregulado. Los abogados tienen su colegio que ellos mismos integran, los profesionales de cs. económicas ídem, corredores inmobiliarios ídem, escribanos lo mismo. La única actividad que el Estado delega a terceros para su regulación y control sin que quede regulada por ellos mismos son los administradores.

- Contradicción con normas del Código Civil y Comercial en general y en particular en lo que respecta a los administradores voluntarios.

- Contradicción entre el objetivo manifestado por la norma (aumentar la participación y la deliberación de los actores involucrados) y el procedimiento de sanción de la ley (tratamiento sobre tablas sin ningún tipo de participación de los afectados).

Por momentos pareciera que AIPH está sola. Pero no es así. La razón nos acompaña.

Fuente: AIPH