Judiciales

La Ley de Procedimiento Tributario faculta a la AFIP a clausurar negocios que no emitan facturas.

Ley procedimiento tributario

1. El art. 40, inc. a), de la Ley 11.683 establece que “serán sancionados con multa de trescientos pesos ($ 300) a treinta mil pesos ($ 30.000) y clausura de tres (3) a diez (10) días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios, siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda de diez pesos ($ 10), quienes: a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. (...)”.

2. El art. 41 de la misma norma dicta que “Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso, a la suspensión de matrícula, licencia o de registro habilitante, que se refieren en el último párrafo del artículo 40, deberán ser objeto de un acta de comprobación en la cual los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a su encuadramiento legal, (...) se adjuntará al acta de comprobación un inventario de la mercadería que detalle el estado en que se encuentra (...)”.

3. Art. 10 misma norma: “Los consumidores finales de bienes y servicios, o quienes según las leyes tributarias deben recibir ese tratamiento, estarán obligados a exigir la entrega de facturas o comprobantes que documenten sus operaciones (...)”

Los hechos

1. Inspectores de la AFIP constataron que un local comercial de venta de “artículos varios de cotillón” no emitió ticket factura o “documento equivalente” a una clienta por un importe de $ 44. Razón por la cual, la Dirección Regional La Plata emitió una resolución administrativa por la cual dispuso clausurar por el término de tres (3) días el establecimiento comercial e imponer una multa de trescientos pesos ($ 300) encuadrando el hecho en el art. 40, inc. a), de la Ley 11.683.

2. La sanción que fue confirmada por la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, Dirección Regional La Plata. Posteriormente, la contribuyente, facultada por el art. 78 de la Ley 11.683, apeló también esta decisión y motivó así el tratamiento de la cuestión por el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata, a cargo de Manuel Humberto Blanco.

Primera instancia

1. El Dr. Manuel Humberto Blanco revocó la resolución dictada por la AFIP en el expediente administrativo dejando sin efecto la sanción de clausura y multa dispuesta contra la contribuyente. Dijo que el acta emitida el día de la inspección en el establecimiento comercial, firmada por los inspectores de la AFIP y por el señor que atendió a los agentes en el momento de la inspección, es defectuosa, sobre todo por la imprecisión acerca del objeto de la venta (“artículos varios de cotillón”) y por no referirse a las características de la persona que habría adquirido la mercadería.

2. La AFIP interpuso recurso de apelación, manifestando entre otras cosas, que:

a) “no existe duda alguna acerca de la correcta constatación de los hechos, ni tampoco el acta merece objeción alguna que otorgue invalidez al acto”; y

b) el acta tiene carácter de instrumento público. [Nota: La implicancia inmediata de esto es que las actas de comprobación poseerían, bajo el criterio de la AFIP, la fuerza probatoria de los instrumentos públicos: se prueban por sí mismos, hacen fe erga omnes, hacen fe de sí y de su contenido. Sin embargo, a pesar de ello y aunque se tome este criterio como válido, el funcionario da fe de la existencia de los hechos sin que la legalidad con que ellos hayan sido manejados surja en última instancia del documento; la determinación de la legalidad del acto queda reservada a la justicia.

La cámara de apelaciones

1. Contrariamente a las publicaciones periodísticas que se hicieron eco del fallo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en la causa “A.V. s/ Presunta Infracción Ley 11.683”, de fecha 9/8/2012, no declaró la inconstitucionalidad de lo normado en el art. 41 de la Ley 11.683, en cuanto establece el procedimiento de comprobación de los casos en los que los contribuyentes no emiten factura por una o más operaciones comerciales (art. 40, inc. a) de la Ley 11.683.

2. El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la nulidad de un acta de inspección mediante la cual se aplicaba la sanción de clausura, por cuanto en la misma no constaban específicamente los datos de la mercadería comprada y los de identidad del adquirente.

3. La Cámara llegó a esa conclusión al haber, equivocadamente, equiparado las actas de fiscalización de la AFIP a las actas policiales.

4. De esta forma, el fallo desconoció jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación sobre la legitimidad de las sanciones de clausura ante el incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes.

La Corte y la jurisprudencia

1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el “leading case” que fue el fallo “Mickey SA”, de fecha 5/11/1991”, estableció que la sanción de clausura no se exhibe como exorbitante. Ello, en tanto no se afectan los derechos tutelados en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, toda vez que la Carta Magna no consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y garantías que allí se reconocen, se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables no son susceptibles de impugnación constitucional. Consecuentemente, resulta incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una determinada actividad.

a) El Máximo Tribunal con suma claridad manifestó en esa oportunidad que “... la ley fiscal no persigue como única finalidad la recaudación fiscal, sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido contenido social, en que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes.

b) La equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva. Resulta un hecho notorio la situación en que se encuentran aquellos que en el ejercicio de sus actividades cumplen con los recaudos que las leyes y reglamentos les imponen, frente a otros que operan en los circuitos económicos informales y de creciente marginalidad.” (Cfr. También Fallos:316:1190).

c) La Corte agregó que “... Frente a los valores de solidaridad que se traducen en el logro de legítimos recursos económicos que permitan concretar el bien común de toda una sociedad, resulta errónea una concepción de la libertad que la mantenga aislada del cumplimiento de aquellas obligaciones que atiendan al respeto de los derechos de la comunidad y de la finalidad ética que sustenta al Estado, postulados que se convierten de imposible cumplimiento cuando el trabajo se manifiesta aislado dentro del cuerpo social que torna posible la evasión deliberada de aquellas obligaciones sociales comunes, como son las de naturaleza tributaria”.

d) En cuanto a la constitucionalidad de la sanción de clausura sostuvo que “... En orden a la supuesta afectación que de los derechos tutelados en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional se atribuye a la clausura del establecimiento en infracción, procede señalar que la Carta Magna no consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y garantías que allí se reconocen, se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables, no son susceptibles de impugnación constitucional”.

e) La Corte agregó que “... Frente a los valores de solidaridad que se traducen en el logro de legítimos recursos económicos que permitan concretar el bien común de toda una sociedad, resulta errónea una concepción de la libertad que la mantenga aislada del cumplimiento de aquellas obligaciones que atiendan al respeto de los derechos de la comunidad y de la finalidad ética que sustenta al Estado, postulados que se convierten de imposible cumplimiento cuando el trabajo se manifiesta aislado dentro del cuerpo social que torna posible la evasión deliberada de aquellas obligaciones sociales comunes, como son las de naturaleza tributaria”.

2. En el fallo “AFIP c/Povolo, Luis Dino s/infracción al art. 40 de la Ley 11.683” del 11/10/2001 sostuvo que “... resulta claro el tipo infraccional del citado art. 40, inc. a, cuando prescribe la sanción de multa y clausura para quienes “...no emitieren facturas o comprobantes equivalentes (...) en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

a) El bien jurídico tutelado por esta norma legal es, indudablemente, ese conjunto de facultades de fiscalización y verificación que posee la Administración Fiscal y que se plasma en la exigencia de cumplimiento de un determinado número de deberes formales por parte de los contribuyentes y demás responsables.

Fuente: AFIP