Modificaciones en la normativa de la UIF

La UIF dictó tres nuevas resoluciones relativas al sector seguros, al mercado de capitales y fideicomisos y a entidades financieras.

Modificaciones en la normativa de la UIF

La Unidad de Información Financiera dictó tres nuevas resoluciones. La Resolución Nº 202/2015 deroga y reemplaza la norma anterior relativa al sector seguros. La Resolución Nº 195/2015 establece nuevas pautas para la identificación de clientes de Entidades Financieras, Mercado de Capitales y Fideicomisos en el marco de lo dispuesto en la Ley de Pago Soberano Nº 26.984. La Resolución Nº 196/2015 actualiza la política de identificación y conocimiento de clientes e incorpora la custodia de la documentación.

La Unidad de Información Financiera (UIF) realizó nuevas modificaciones en la normativa antilavado que regula a algunos sectores obligados, con el objeto de fortalecer determinados mecanismos de prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

La Resolución Nº 195/2015 establece medidas y procedimientos de identificación y conocimiento de los clientes de las Entidades Financieras y Sujetos Obligados que actúen en la órbita del Mercado de Capitales y Fideicomisos, en el marco del proceso dispuesto por la Ley de Pago Soberano N° 26.984.

En el caso de Tenedores de Títulos Públicos, tanto personas físicas como jurídicas, que no residan en el país y se adhieran al régimen de Reestructuración de Deuda Soberana, dichos Sujetos Obligados deberán requerir la información de los mismos, la cual podrá ser acreditada mediante exhibición de documentación respaldatoria al Sujeto Obligado o mediante intervención del cónsul argentino correspondiente. Además el cliente deberá declarar si es PEP (Persona Expuesta Políticamente) y el Sujeto Obligado deberá chequear si se encuentra en el listado de terroristas y/u organizaciones terroristas.

La Resolución Nº 196/2015 actualiza algunos artículos de la Resolución Nº 121/2011 -entidades financieras y cambiarias-, e incorpora supuestos de debida diligencia simplificada y de custodia de la documentación.

Respecto del monto para distinguir entre clientes habituales y ocasionales, éstos últimos serán aquellos con quienes los Sujetos Obligados entablan una relación de permanencia y aquellos cuyas operaciones anuales alcancen o superen el monto de 180 mil pesos, cuando anteriormente el límite se establecía en los 60 mil pesos.

También se modificó el monto respecto al cual se considerará suficiente la información brindada por los empleadores y por los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes, salvo sospecha de Lavado de activos o Financiación del Terrorismo; a saber:  operaciones que correspondan a acreditación de remuneraciones o a fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción que no superen la suma de $ 120.000 (antes $ 40.000) y de cuentas vinculadas con el pago de planes sociales que no superen la suma de $ 15.000 (antes $ 5.000).

En igual sentido, se incorporan los créditos de bajo monto y microcréditos para personas físicas como operaciones de bajo riesgo, respecto de las cuales dichos Sujetos Obligados deben cumplir con la normativa correspondiente dictada por el BCRA y con una debida diligencia simplificada de sus clientes.

Para el caso de los depósitos en efectivo, se deberán identificar a la persona que efectúe el depósito por más de 120 mil pesos, mediante la exhibición de algún documento que acredite identidad.

Además agrega el artículo 27 bis, respecto a la conservación de la documentación referida a la identificación y conocimiento del cliente y establece que el Sujeto Obligado deberá informar a la UIF los casos en los que tercerice la custodia/guarda de dicha información y/o documentación. Asimismo deberá dar aviso de cualquier cambio de localización de dichos legajos dentro de las 72 horas hábiles. En tales casos deberán contar también con respaldo digital de dicha información y, en su caso el perfil del cliente, en los 180 días corridos desde que la nueva Resolución se publicó. Sin perjuicio de ello, en el caso en que se realice una supervisión o inspección in situ, el Sujeto Obligado deberá poner a disposición de la UIF toda la información en un plazo no mayor a 72 horas.

Por último la Resolución Nº 202/2015 deroga la Resolución Nº 230/2011 dirigida a las Empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros en calidad de Sujetos Obligado.

En principio define quienes serán sujetos obligados, cliente, Personas Expuestas Políticamente, cuáles serán consideradas operaciones inusuales y cuáles sospechosas; define también quienes serán beneficiario final, quiénes beneficiario de la cobertura, asegurado, tomador, y quienes serán consideradas las sociedades de Productores Asesores de Seguros. Además define las políticas que deberán llevar a cabo los Sujetos Obligados, de debida diligencia y debida diligencia reforzada.

Respecto a la contratación de productos ofrecidos por compañías de seguros, si se realiza a través de asesores de seguro, o sociedades productoras de seguro cuyo patrimonio no supere los 10 millones de pesos, éstos serán los responsables de solicitar y entregar a las compañías de seguros la información y documentación relativa a la identificación de clientes, en un plazo de 30 días a partir de la emisión de la póliza de seguros. En tales casos, las políticas y procedimientos de debida diligencia serán responsabilidad final de las compañías de seguros. También deberán designar un Oficial de Cumplimiento y llevar adelante políticas de capacitación.

Por otra parte, y en líneas generales, las empresas aseguradoras y las sociedades productoras de seguros cuyo patrimonio supere los 10 millones de pesos deberán adoptar políticas de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: elaborar un manual de procedimientos, designar un Oficial de Cumplimiento, implementar auditorias anuales, elaborar un registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales, implementación de herramientas y medidas tecnológicas que permitan consolidar las operaciones que realizan con sus clientes, así como otras que posibiliten analizar o monitorear comportamientos que permitan detectar operaciones inusuales y/o sospechosas.

Respecto a la identificación y conocimiento del cliente, el Sujeto Obligado deberá establecer un perfil y un legajo de cada uno requiriendo los datos personales y documentación que lo avale, identificarlo que no forme parte del listado de terroristas y cumplir con la Resolución UIF respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Para los clientes que contraten póliza cuya prima única o acumulada en los últimos 12 meses por 70 mil pesos o más, el Sujeto Obligado deberá solicitar información adicional. En el caso de las personas jurídicas, se solicitará cuando el monto supere los 130 mil pesos.

Se deberán informar a la UIF a todos los clientes que no cumplieron con algunos de las solicitudes mediante Reportes de Operaciones Sistemático. Esos reportes se realizarán desde el 1º hasta el día 15 de cada mes, informando las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior. Asimismo realizaran Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cuando se realicen operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos para el que cuentan con un plazo máximo de 150 días; o de Financiación del Terrorismo, dentro de las 48 horas.

Deberán solicitar documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente cuando se contraten pólizas de las personas físicas superen los 140 mil pesos, y de las personas jurídicas que superen los 260 mil pesos. Se considerarán los mismos montos cuando se efectúen aportes extraordinarios o cuando la sumatoria entre ambas operaciones alcance ese monto. También serán casos especiales a analizar cuando la aseguradora deba abonar al tomador o asegurado, siniestros o indemnizaciones que sea igual o superior a 450 mil pesos en el caso de personas físicas y de 900 mil pesos en el caso de personas jurídicas; cuando se anulen pólizas y la aseguradora deba restituir primas por montos de 70 mil en caso de personas físicas y 130 mil en personas jurídicas; y cuando se efectúen retiros parciales o rescates totales que sume o supere los 260 mil pesos. En todos estos casos el Sujeto Obligado deberá asignarles un nivel de riesgo superior.

Toda la documentación del cliente, así como el registro del análisis de las operaciones y los soportes informáticos deberán ser conservados durante un período mínimo de 10 años, desde la finalización de la relación con el cliente.

Fuente: UIF