Directores de empresas con participación estatal

Un decreto del PEN limita la responsabilidad de los funcionarios de estas empresas y les garantiza “indemnidad”.

Directores de empresas con participación estatal

El Gobierno les dio, por decreto, un escudo legal para los directores, síndicos, consejeros y otros funcionarios designados en empresas y sociedades privadas. 

La indemnidad que surge de la norma firmada por la presidenta Cristina Kirchner implica que los gastos de la defensa y por los fallos en contra que puedan tener vinculados con su actuación en esas firmas correrán por cuenta del Estado con excepción de los casos de dolo o culpa grave.

El decreto 196/2015, publicado este jueves en el Boletín Oficial, sostiene que como “la actuación de los funcionarios aludidos encuentra su origen en una designación estatal, deviene necesario que el Estados Nacional (…) asuma la asistencia profesional correspondiente, como así también las consecuencias de los eventuales procesos cuando (…) los referidos funcionarios sean demandados, intimados, denunciados, querellados, imputados o requeridos de cualquier otra forma”.

A partir de ese planteo, la norma establece que el Estado “garantiza la indemnidad” de esos funcionarios cuando sean “demandados, intimados, requeridos, denunciados, querellados o imputados por el ejercicio” de sus funciones en las empresas privadas en las que están o hayan estado designados y les brindará “la asistencia especializada necesaria para asegurar su defensa, representación o patrocinio legal” y que “los resultados de los eventuales procesos serán asumidos por las jurisdicciones, organismos o entidades que ejerzan la representación” de esos funcionarios “o del organismo de control del que dependan”.

Esa asistencia, aclara el decreto, no procederá “cuando se determine la existencia de dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones por parte del Director, Síndico, Consejero o funcionario, o cuando en su actuación aquéllos no hubieren actuado con ajuste a las normas, reglamentos, directivas, recomendaciones u órdenes emanadas de las autoridades competentes de la jurisdicción, organismo o entidad que ejerza la representación de los derechos accionarios de las participaciones del Estado Nacional”.

La “indemnidad” se aplicará, “incluso, a las situaciones jurídicas preexistentes, generadas por intimaciones, requerimientos, denuncias, querellas, imputaciones o demandas originadas en hechos o conductas anteriores” al decreto que la establece.

El beneficio alcanza, por ejemplo, a todos los directores designados por el Estado por las acciones que tiene la ANSES desde la reestatización de las AFJP. Entre otros, cumplieron ese rol el ministro de Economía, Axel Kicillof, y su segundo, Emanuel Álvarez Agis.

Fuente: IProfesional