Allanamiento en empresas de taxis

AFIP está allanando empresas de taxis por evasión previsional. Mantenían a los choferes sin el ingreso de sus aportes y contribuciones.

Allanamiento en empresas de taxis

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está allanando en estos momentos 19 domicilios pertenecientes a empresas de taxis que contrataron a más de 450 choferes en condiciones irregulares y provocaron un perjuicio fiscal de al menos 18 millones de pesos a lo largo de tres años.

Alrededor de 355 sociedades, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyeron a partir de que un particular las inscribía con el mismo objeto y domicilio legal, bajo la presidencia de una persona y después transfería las licencias personales a favor de las sociedades.

El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, a cargo del Dr. Javier López Biscayart, en el marco de la causa en la que se investiga la maniobra de evasión denunciada por el organismo ante la Justicia, dio lugar a los allanamientos donde se comprobaron las condiciones irregulares que padecían estos choferes de taxi.

En atención al rol de querellante asumido por AFIP, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, solicitó a través del Fiscal en lo Penal Tributario, Dr. Germán Bincaz, una serie de medidas a los fines de desarticular la maniobra organizada por un grupo de personas con apoyatura de contadores y escribanos.

La pena prevista para el delito de evasión de aportes y contribuciones en el Régimen Penal Tributario es de 2 a 6 años de prisión.

Y de comprobarse la utilización de testaferros podría caber la pena agravada de 3 años y seis meses a 9 de prisión.

Por el momento la causa se encuentra en secreto de sumario.

¿Cómo se detectó la maniobra?

AFIP, mediante la Obra Social de los Peones de Taxis de CABA –OSPETAX–, tomó conocimiento de un gran número de choferes no registrados quienes no tenían los aportes previsionales correspondientes.

En atención a ello, y luego de un proceso de investigación, el organismo detectó que para explotar las licencias de taxis, se habían creado sociedades que mantenían a los choferes sin registrar, abonándoles los salarios “en negro” y ocultando su calidad de empleados, al designarlos como socios de las mismas. Debido a esto se incumplían las obligaciones con la seguridad social y se privaba a los choferes de los aportes para su futura jubilación.

¿En qué consiste la maniobra detectada?

La maniobra consistía en otorgar de forma simulada la calidad de socio a quienes en realidad eran sus empleados.

Particulares procedían a inscribir sociedades comerciales con el mismo objeto y domicilio legal y bajo la presidencia de una misma persona. Luego, transferían las licencias que poseían a título personal, en favor de las sociedades, reservando para los peones de taxi el papel de socio, quedando así los verdaderos titulares de las licencias exentos de la obligación de aportar como empleado en relación de dependencia.

De la investigación realizada se observó que en el último tiempo, al menos unas 355 sociedades se constituyeron para realizar esta maniobra, siendo más de 450 los choferes privados de sus derechos como trabajadores en relación de dependencia por la evasión que se investiga.

¿A cuánto asciende el monto evadido?

El perjuicio fiscal se estima en al menos 18 millones de pesos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social no ingresados durante los últimos tres años.

¿Cantidad de implicados?

Tras la maniobra señalada se esconderían al menos cinco grandes grupos de personas, asesoradas por un grupo de contadores y escribanos que podrían ser partícipes del delito.

¿Qué pena le correspondería?

La pena prevista para el delito de evasión de aportes y contribuciones en el Régimen Penal Tributario es de dos a seis años de prisión.

Y de comprobarse la utilización de testaferros podría caber la pena agravada de tres años y seis meses a nueve de prisión.

Además, según lo establece el artículo 14° del Régimen Penal Tributario, las sociedades que realizan este tipo de maniobras son susceptibles de recibir también sanciones penales. Por este motivo se les cancelaría la personería jurídica.

Fuente: AFIP