Ley de Abastecimiento. Preocupación de la CAC

La Cámara de Comercio manifiesta su preocupación ante tres proyectos de ley elaborados por el PEN que afectarían la actividad comercial.

Ley de Abastecimiento. Preocupación de la CAC

La Cámara Argentina de Comercio manifiesta su preocupación ante tres proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo, recientemente ingresados al Senado de la Nación y que afectarían la actividad comercial.

Una de las iniciativas se refiere a la vieja Ley de Abastecimiento, la cual ha regido durante 40 años sin haber demostrado su eficacia frente a los múltiples procesos inflacionarios e hiperinflacionarios padecidos. La actual propuesta, si bien modifica algunos puntos, no refleja la experiencia acumulada ni plasma una legislación adaptada a los tiempos que corren, ya que ratifica los mecanismos de control y de poder administrativo discrecional. En esta versión, al igual que en la anterior, se señala que serían pasibles de sanciones quienes “obtuvieren ganancias abusivas”, siendo la Autoridad de Aplicación la encargada de definir qué rédito es abusivo y cuál no, y qué etapa de comercialización es necesaria y cuál artificial. También se sanciona el revalúo de mercaderías, salvo “autorización expresa” de la Secretaria de Comercio y a quienes efectuaran lo que ésta considere una “apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

Lo señalado pone de manifiesto que el proyecto en cuestión conserva el espíritu de la norma actualmente vigente y parece no comprender cabalmente el funcionamiento de las economías modernas en una situación de normalidad. Afirma querer evitar abusos por parte de “grupos económicos concentrados”, pero parece olvidar que es la competencia libre la mayor garantía de defensa del consumidor. El rol que le corresponde al Estado es promover dicha competencia y no anularla con mecanismos intervencionistas.

Si bien ha sido quitado del elenco de sanciones la posibilidad de detención (encarcelamiento), subsisten penas aplicables por la Secretaría de Comercio a todas luces desproporcionadas, como el decomiso de mercaderías, la inhabilitación para ejercer el comercio, la clausura –que en algunos casos puede llegar a 90 días, provocando daños irreparables en el caso de una pyme– y la pérdida de la personería jurídica. Además, se agregan nuevas sanciones que darían lugar a la anulación de concesiones y regímenes impositivos o crediticios de los que la empresa gozare.

Merece especial mención la particular sanción que se dispone para la reincidencia, estigmatizando la conducta de la empresa hasta llegar a su clausura definitiva, y el hecho de que prevé que las mercaderías intervenidas puedan ser vendidas y el resultante destinado a rentas generales. Así también el proyecto elimina la posibilidad de sustituir el pago en efectivo de la eventual multa por una caución real suficiente o por la garantía sobre el fondo de comercio; lo que provoca el obligado pago de la multa como requisito previo a la interposición de cualquier defensa contra la resolución administrativa en detrimento del accionar empresario. Esto constituye una seria limitación al derecho de defensa.

Por tanto, la reforma planteada a la ley de abastecimiento no sólo no es superadora de la actual legislación, sino que, en vez de mejorar las condiciones de negocios y la seguridad jurídica para fomentar la inversión en la economía, consolida el intervencionismo del Estado en el mercado.

La Cámara Argentina de Comercio aboga por un mercado que funcione de manera eficiente y competitiva, sin manipulaciones del sector privado (monopolios, oligopolios, etcétera) y sin intervenciones abusivas del Estado, cuyo principal rol es el de agilizar la actividad económica y la generación de empleo para bien de toda la sociedad.

Con relación al proyecto que propone crear un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, debe señalarse que, en su actual redacción, pondría en peligro información estratégica y confidencial de las empresas. Además, su conformación no prevé la participación de entidades empresarias en el nuevo organismo –sólo de funcionarios de distintas reparticiones del Estado y de Asociaciones de Consumidores–, puntos que consideramos que ameritan una revisión para lograr un mayor equilibrio.

Por último y, en referencia a la creación de la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, debe tenerse presente que actualmente existen procedimientos de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En definitiva, la Entidad considera que la importancia de los proyectos mencionados exige un debate amplio que permita lograr resultados eficaces para la marcha de la economía.

Fuente: CAC