Reforma de leyes comerciales. Objeción de la CAC

En sesión de la Comisión Legislativa de Defensa del Consumidor del Congreso Nacional la Cámara Argentina de Comercio expresó sus objeciones.

Reforma de leyes comerciales. Objeción de la CAC

En la última sesión de las Comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara Argentina de Comercio expresó su objeción ante el Proyecto que plantea modificaciones a las Leyes de Abastecimiento (20.680), de Lealtad Comercial (22.802) y de Defensa del Consumidor (24.240).

Dichas iniciativas, impulsadas por los Diputados Juan Cabandié y Héctor Recalde, se proponen endurecer el control sobre comercios y empresas que violen leyes de defensa del consumidor.

En representación de la Entidad, participó el Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Director, Pedro Etcheberry, quien argumentó: "Estamos ante tres Proyectos de ley que le dan poderes omnímodos al Poder Ejecutivo. Les pido, les ruego, que haya creatividad, que se sancionen leyes de acuerdo con los tiempos que vivimos".

Por su parte, en un comunicado enviado ese mismo día, el Presidente de la CAC, Carlos R. de la Vega, y el Secretario, Alberto Dragotto, habían manifestado: “Medidas con repercusiones tan significativas deben ser objeto de un atento análisis y un profundo debate. Su eventual implementación debe concretarse luego de alcanzar los necesarios consensos sociales de todos los sectores involucrados”.

Las observaciones que realiza la Cámara Argentina de Comercio respecto del Proyecto son de importancia relevante.

En primer lugar, cuestiona la centralización en el Poder Ejecutivo de la facultad de determinar la utilidad pública de los bienes e insumos y su posterior expropiación. “Proponer ésto como una penalidad vulneraría la garantía constitucional establecida en la Carta Magna al disponer la inviolabilidad de la propiedad privada en el artículo 17º de su parte dogmática”, expresa la Entidad.

Respecto de la suba en los montos de sanciones y multas, la CAC advierte que en el caso de las PyMEs estas modificaciones “podrían ocasionar el cese de su actividad” al no poder afrontar dichos costos, lo cual ocasionaría “la irremediable pérdida de puestos de trabajo”. Un ejemplo se da en casos que ascienden de entre $ 200 a $ 1.000.000 a valores de entre $5.000 y $ 10.000.000.

El proyecto reduce, además, el plazo para que el empresario pueda presentar su defensa. En referencia a esto, la Entidad señala que dicha reforma “implicaría que las empresas no dispongan del tiempo necesario para plantear argumentos vitales que salvaguarden sus derechos”. En este sentido, se reduce el tiempo de 10 a 3 días hábiles para presentar un recurso de apelación.

Sumado a esto, la nueva norma establece que para interponer este recurso se deberá primeramente cumplir con el pago de la pena de multa. La CAC advierte sobre “la necesidad de establecer un procedimiento que evite fines meramente recaudatorios y que no vulnere las garantías fundamentales”.

Finalmente, la Cámara Argentina de Comercio manifiesta y destaca que, como este proyecto no modifica la ley vigente, se conserva la facultad de clausura por 48 hs. “sin mediar posibilidad de defensa alguna, quedando sometido el comerciante al poder discrecional de turno”.

Fuente: CAC